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Voces / Para entendernos

Chivo expiatorio

Javier Junceda

Al tiempo de crisis se ha sumado el de la sospecha generalizada y la condena sin juicio previo. Este nuevo patio de vecindad, bautizado como plataformas digitales, lo es en buena medida porque apunta con su inmisericorde dedo acusador y anónimo a diestro y siniestro, colgando el correspondiente sambenito inquisitorial a quien, tantas veces, o no ha hecho nada o, habiéndolo hecho, no tiene relevancia jurídica alguna. Se ha vuelto últimamente nuestro país un antipático coto de caza del chivo expiatorio, en el que la denuncia –responda a indicios racionales de criminalidad o no, tanto da– está al acecho en cualesquiera comportamientos humanos, y muy especialmente en los referidos a actividades que encierran notoriedad o algún contenido prestacional o de servicio.

 

Esta situación está convirtiendo progresivamente a la práctica de la medicina en defensiva. A la abogacía, en defensiva. A la labor política, en defensiva. Y así, todas las demás. Los profesionales y responsables públicos, en lugar de curar, defender, o gobernar, se dedican ahora de forma primordial a evitar ser acusados mediáticamente o demandados judicialmente en su quehacer diario, lo que se traduce en que algo connatural a toda tarea humana, como es el riesgo de no acertar siempre plenamente, no se quiera asumir y en su lugar se hagan las cosas a medio hacer o de la forma menos eficaz pero que garantice completa indemnidad.

 

Todo esto se podría solventar, más allá de la necesaria alfabetización jurídica y hasta diría que educativa general, llevando la recta aplicación de las leyes a quienes denigran a otros de forma gratuita, atajando sus repetidas condenas dictadas desde sus propios tribunales montados en sus tabletas y móviles. Unas cuantas penas ejemplares y pedagógicas serían suficientes para ello. No parece propio de una sociedad madura que se permita arruinar carreras profesionales o menoscabar instituciones públicas y privadas sin tan siquiera dejar que la justicia actúe, condenando o absolviendo tras el pertinente proceso con todas las garantías. Un comportamiento así cuesta creer que resulte compatible con el legítimo ejercicio del derecho fundamental de expresión o de información, que no está concebido para dañar a nadie, sino para favorecer a todos. Una cosa es la información y otra bien distinta un patio de porteras, dicho sea con todos los respetos.

 

Haremos bien en denunciar, si tenemos conocimiento cabal de hechos que pudieran revestir carácter delictivo. Pero luego toca aguardar al veredicto judicial tras el oportuno enjuiciamiento, sin convertir a ese procesamiento en una anticipada sentencia condenatoria, trasladando a la sociedad la equivocada creencia de que alguien ha hecho algo criminalmente punible por el mero hecho de estar investigado judicialmente.

 

Dejemos, en fin, actuar a los jueces con prudencia y discreción, sin presiones ni ataduras diferentes a las previstas legalmente. Y, sobre todo, evitemos los juicios paralelos y sin fundamento que tanto daño hacen tantas veces a las personas y a la misma justicia.

 

* Javier Junceda es el decano de la Facultad de Derecho de la UIC