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Voces / Para entendernos

¿Gastar menos o ingresar más?

Pablo Agnese

Así como en una economía familiar se busca, a la larga, gastar menos de lo que se ingresa, también es el caso, o al menos debería de serlo, a nivel de los países. Sin embargo, hay ciertos mecanismos que permiten una gran flexibilidad a estos últimos—por ejemplo, la expansión monetaria o la facilidad de colocar deuda. Cabe destacar que esta flexibilidad, si bien generosa, no es infinita. Vale decir que, así como los individuos o familias tiene que honrar sus compromisos, también los países. Por tanto, para “tener la casa en orden” habrá que mirar no sólo los ingresos sino también los gastos, cosa de procurar cierto equilibrio y sostenibilidad en el largo plazo; es decir, cuando se habla del déficit (o bien superávit) público, que definimos como la diferencia entre los egresos e ingresos públicos, tendremos que mirar en ambas partidas.

 

Los gobiernos, en tanto que proveen a la sociedad de ciertos servicios, utilizarán recursos, los cuales tendrán que captar, en general, vía impuestos. El problema es que los impuestos pueden afectar las decisiones que toman los individuos y las empresas en el día a día. En otras palabras, que lo que utilizan o gastan los gobiernos lo dejan de gastar los individuos o empresas —lo que los economistas llamamos efecto desplazamiento (crowding out). Los impuestos constituyen una vía de recaudar lo necesario para suplir tales servicios y poder financiar los presupuestos —en la actualidad, es la vía más práctica y directa a tales efectos ya que las otras, esto es, la política monetaria y la emisión de deuda están, o bien “externalizadas” al Banco Central Europeo, o bien limitadas en sus capacidades dado su alto nivel de más del 100% del PIB.

 

La discusión política y mediática sobre la financiación del déficit público en España se centra, en la actualidad, únicamente en la partida de ingresos. En particular, y como se ha visto en las últimas semanas, ¿qué impuestos subir y cuánto de cara a 2017? ¿Se debe tocar IRPF, IVA, impuesto al capital, sociedades, etc.? Como siempre, la pregunta tiene que ver con la corrección política del momento o, lo que es lo mismo, con tener a todos contentos (o no tan descontentos), a efectos de maximizar la probabilidad de continuidad política. Es decir, los políticos, de todos los colores, comparten una característica, que es la de maximizar la probabilidad de continuar siendo políticos. El punto es, que los políticos sólo se adaptan a las ideas del momento, por tanto el debate que interesa es, o debería de ser, sobre ideas, y menos sobre los políticos.

 

¿Por qué son entonces los ingresos el centro exclusivo de atención, siendo que ambas partidas, ingresos y gastos, dan lugar al llamado déficit público? ¿Por qué este sesgo hacia los ingresos? ¿Por qué no hablar también de los gastos, en profundidad? El problema es que los gastos del presupuesto atienden a toda una serie de “privilegios” que son difíciles de tocar—o dicho en palabras más mediáticas y con una connotación aparentemente más negativa, los “derechos” son difíciles de “cortar”. Pero centrémonos en las ideas, como decíamos antes, que es lo que importa, y miremos algunos detalles significativos de la partida de gastos del presupuesto e intentemos analizar cómo podríamos llegar a gastar menos sin desatar la ira de algún colectivo.

 

Las 4 partidas del presupuesto

 

La partida de gastos del presupuesto español se puede dividir por tipos de gastos —tal clasificación, que consta de 26 ítems o políticas, ofrece una visión general sobre los objetivos y prioridades que orientan a los presupuestos. Estas 26 líneas se agrupan en cuatro grandes áreas, a saber: gasto social (pensiones, desempleo, sanidad, educación, etc.), actuaciones de carácter general (servicios generales, transferencias a administraciones públicas, deuda pública, entre otros), actuaciones de carácter económico (agricultura, pesca, industria y energía, infraestructuras, I+D, etc.), y servicios públicos básicos (justicia, defensa, y política exterior, principalmente). Los presupuestos generales del estado consolidados para 2016 muestran, respectivamente, los siguientes pesos relativos para las cuatro áreas antes mencionadas: 53.5%, 33.7%, 8.1%, y 4.8%. Es decir, el gasto social se lleva más de la mitad del presupuesto anual. En particular, las pensiones, cargan con gran parte del peso, esto es, 38.5% del total del presupuesto, seguidas en un muy lejano segundo lugar por las prestaciones del desempleo, con 5.6%. Además, cabe destacar el peso del pago de la deuda, si bien en el área de actuaciones de carácter general, que se lleva casi un 10% del total del presupuesto.

 

Sistema de capitalización

 

Hasta aquí el análisis positivo, es decir, lo que tenemos objetivamente. Cabe ahora preguntarse si no deberíamos cambiar algo a efectos de procurar la sostenibilidad económica a largo plazo, es decir, el análisis normativo. Por ejemplo, ¿debería el estado gestionar las pensiones siguiendo esta especie de sistema Ponzi en donde el que paga hoy no lo hace en pos de sus años venideros, sino más bien para sostener al individuo pasivo hoy? Es decir, no se trataría de dejar sin pensiones a los casi nueve millones de pensionistas en España, sino más bien, de desmontar gradualmente algo que no puede ser sostenible por definición y que se come un nada desdeñable 40% del presupuesto.

 

Cabe aclarar que si bien el régimen de la seguridad social española tiene superávit fiscal, es decir, lo que se ingresa en contribuciones (un impuesto) es superior a lo que se reparte (pensiones), la única forma de hacer cuadrar esto a futuro es trabajando más y durante más años (eso sí, solo hasta las seis de la tarde para no importunar a nadie), o bien elevando las contribuciones. Recordemos que esto es necesariamente cierto ya que los activos de hoy serán los pasivos del mañana, es decir: que las pensiones de los pasivos hoy son en realidad una deuda, cada vez mayor ya que vivimos más y mejor, que se va acumulando a futuro. Esto es, un esquema Ponzi, lo cual es insostenible y, de llevarse a cabo en el sector privado, sería considerado como fraude.

 

Por el contrario, un viraje gradual a un sistema de capitalización no sólo ayudaría a mitigar el problema del déficit y de la deuda (presente y futura), sino que también ayudaría a los contribuyentes (los trabajadores activos hoy) a retomar el control de lo que es suyo, es decir, de hacerlos responsables de lo que son sus ahorros para los años pasivos. Quizás ya va siendo hora de ser un poco políticamente incorrectos para poder hablar así con libertad y sin tapujos sobre el gasto público.

 

* Pablo Agnese es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Socials (UIC Barcelona), así como Research Fellow en el IZA Institute de Bonn, Alemania.