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Voces / Para entendernos

Inversión en sostenibilidad

Consuelo León

El denominado Estado del bienestar constituye sin duda el gran logro social del siglo XX; sin embargo, hoy se enfrenta al gran reto que sin duda condicionará toda su evolución futura: el envejecimiento de la población. Los programas de gasto social (pensiones, sanidad, atención a la dependencia) están muy ligados a la estructura de edades de la población llevándose a cabo en tiempo presente: las prestaciones se financian con las recaudaciones actuales de la población activa cuyo decrecimiento progresivo –paro y baja natalidad– está incidiendo en la línea de flotación de todo el sistema. Reducir estas transferencias y subir los impuestos no resuelve el problema, tan solo lo traslada al individuo y, en definitiva, a las familias.

 

Esping-Andersen identificaba ya en 1990 tres posibles tipos de estados de bienestar: el liberal, caracterizado por el predominio de transferencias públicas universales más bien modestas, con fuerte protagonismo del mercado (países anglosajones); el conservador, basado en el principio de subsidiariedad, siendo la familia –no el Estado– el actor protagonista en la redistribución del bienestar (Europa central: Alemania, Francia); el socialdemócrata (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda), cuyas prestaciones no se limitan a cubrir las necesidades mínimas sino que el Estado prácticamente sustituye a la iniciativa privada en la atención social.

 

Está claro que en Europa el nivel de protección, así como la cobertura de dichos programas, no son homogéneos, especialmente en lo que se refiere a la atención a la dependencia. Sin embargo, es en España donde se da la situación más crítica. Solo un 6,8% de las personas de más de 65 años perciben algún tipo de ayuda pública (un 0,7% del PIB) y según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (Edad, 2008) casi un 42% de los hombres y un 57% de las mujeres mayores de 80 años en nuestro país presentan algún tipo de discapacidad.

 

Por otro lado, nuestra tasa de fertilidad se sitúa entre las más bajas del mundo: 1,32 hijos por mujer, muy lejos del 2,83 hijos del baby-boom (años 60-70). Así pues, el envejecimiento de la población se perfila como uno de los factores clave en la evolución del Estado del bienestar, ya que la sostenibilidad financiera de los programas de gasto social puede verse seriamente comprometida. En este sistema de reparto (pay-as-you-go), las prestaciones de los beneficiarios se financian en cada momento con las contribuciones actuales de la población activa.

 

Además, el mercado de capitales funciona especialmente en el caso de la traslación hacia el futuro: las personas podemos ahorrar (cualquiera que sea la forma de ahorro) guardando una parte de nuestros recursos para más adelante. Es más difícil sin embargo que funcione a la inversa, ya que en la práctica existen numerosas restricciones para que los niños puedan endeudarse contra las rentas que obtendrán en un futuro. Sin embargo de ellos, de su capacidad potencial para llegar a ser el capital humano y social del futuro, depende la sostenibilidad del sistema.

 

Contrato intergeneracional

 

Por este motivo es tan importante desarrollar políticas sociales de familia que aseguren las denominadas transferencias familiares en las que se realizan, mediante una especie de contrato intergeneracional, una importantísima tarea de cuidado y financiación, tal como hicieron las generaciones anteriores.

 

El sector público puede jugar también un papel en la redistribución intergeneracional, actuando como mecanismo de redistribución de la renta, traspasando recursos de las generaciones activas hacia las no activas (educación a niños; sanidad y pensiones a mayores). La paradoja es que en la mayoría de los países con Estado de bienestar desarrollado se observa el mismo patrón: el sector público ha asumido principalmente las transferencias privadas hacia los mayores, mientras que las transferencias hacia los niños siguen produciéndose mayoritariamente en el seno de la familia.

 

Las denominadas cuentas nacionales de transferencia (NTA), que comenzaron a elaborarse para diferentes países a principios de la década del 2000, aportan valiosísima información acerca de los flujos de recursos que tienen lugar en un momento dado del tiempo en un país entre los individuos de diferentes edades. Los perfiles por edad de consumo y renta laboral per cápita nos indican que los individuos, a lo largo de su ciclo vital pasan por dos etapas de déficit (la niñez y la vejez), en las que el consumo es superior a los recursos que generan, mientras que durante la edad activa son capaces de generar un superávit. Los mecanismos para traspasar ese superávit a las dos etapas de déficit son básicamente tres: los mercados (muy poco habitual en el caso de los niños), la familia, y el sector público. Invertir en familia y en políticas que la desarrollen es por tanto la mejor garantía para todo el sistema social.

 

* Consuelo León es directora del Observatorio de Políticas Familiares del Instituto de Estudios Superiores de la Familia, de UIC Barcelona. Doctora en Administración de Empresas por la UPC, periodista, investigadora y escritora.

 

(Artículo publicado en suplemente “+Valor” de El Periódico).